A tiempo para evitar sanciones, el Senado aprobó la ley antilavado, por Alfredo Gutiérrez

Tras la presión internacional, y muy cerca de la fecha límite en que la Argentina podría ser sancionada, el Senado convirtió en ley el proyecto contra el lavado de dinero. La iniciativa, reclamada por el Gobierno, recoge las observaciones del GAFI, que se reunirá el 22 de junio en México y analizará, entre otros, el caso argentino. La norma fue aprobada por oficialistas y opositores, aunque recibió dos votos en contra (el resultado fue 61 a 2). Además, los senadores aprobaron de inmediato una “ley correctiva” que pasó a Diputados, en la que se clarifican algunos aspectos. Si en lugar de eso le incluían reformas, el proyecto debía volver a la Cámara Baja y no hubiera estado listo para mostrarlo en el GAFI. De hecho los dos votos en contra (de Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo) fueron porque estaban en contra del mecanismo de “ley correctiva”.

En las cuatro de debate, en el que sobrevolaron las denuncias contra Sergio Schoklender ( ver página 9 ), oficialistas y opositores repitieron los argumentos acerca de los delitos transnacionales de lavado de dinero y narcotráfico, pero también se escucharon críticas a la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo que investigar este tipo de delitos.

La peronista disidente Sonia Escudero recordó que Argentina “cumple parcialmente o incumple” 46 de las 49 recomendaciones del GAFI para combatir el lavado. Y que el organismo comenzó a pedir reformas en 2004: “¿Qué estuvimos haciendo para que recién ahora tengamos que aprobar contra reloj esta ley?” se preguntó.

El proyecto aprobado ayer convierte en delito autónomo el lavado de activos, separándolo de la necesidad de demostrar que sirvió para encubrir otro delito (como el narcotráfico o el soborno). Es decir, penaliza el “autolavado” .

Además, prevé la autonomía y autarquía financiera de la UIF, cuyas designaciones se deberán hacer por régimen público (su presupuesto será del 0,6% del que maneja el Ministerio de Justicia). Dice que el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vice si incurren “en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia”. Y contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos , aunque se debe informar operaciones desde los 50.000 pesos.

Entres sus cuestionamientos a la UIF, el radical Gerardo Morales recordó que el organismo recibió 3.169 reportes de operaciones sospechosas en 2010, casi el doble que en el año anterior.

Unas 700 fueron trasladadas a la Justicia .

Pero no hubo ninguna condena.

Otro radical, Ernesto Sanz, reclamó que haya de ahora en más “una verdadera actitud institucional de perseguir el lavado” porque “de nada sirve llevar esta ley al GAFI como una ofrenda” si después no se avanza. “Vale más la conducta práctica que el marco teórico”, señaló. Y pidió que se separe a la UIF del Gobierno para alejarla del poder político .

Lo cortó el jefe kirchnerista Miguel Pichetto: “¡No puede estar en otro lugar que no sea el Poder Ejecutivo!”, exclamó. “Tiene que tener una dependencia funcional” del Gobierno de turno, dijo. “Pichetto habla de política pública de un gobierno. Yo hablo de política de Estado”, respondió Sanz. El socialista Rubén Giustiniani advirtió que “el lavado promueve la corrupción, y ésta se transforma en impunidad”. Adriana Bortolozzi (PJ Federal) remarcó que en 2009 se votó una ley de “blanqueo de capitales” que podría haber servido a muchos para lavar dinero sucio. Rodríguez Saá aludió a los 800.000 dólares de la valija de Antonini Wilson .

Un examen internacional

La aprobación de una ley más estricta contra el lavado de dinero es un requisito imprescindible que el país debe presentar ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo que evalúa a los países en sus políticas antiblanqueo. El 22 de junio se reunirá el comité ejecutivo de esa entidad en México y la mora de la Argentina estará dentro del temario. El GAFI exige que se adopten al menos 16 de sus 49 recomendaciones. Si no saca un “aprobado”, el país podría entrar en la “lista gris” donde se ubica a los poco confiables para operaciones financieras.

Clarin.com