Sucede en casi todas partes, pero acá en la Argentina es peor.
Cuando el Gobierno cambia de manos suelen aparecer las peores iniquidades. Los que se van quieren eternizarse de alguna forma, dejando su huella apresurada en cosas que no hicieron antes. O bien buscan dejarle una herencia de fuego al sucesor para complicarle la gestión.
Un ejemplo es lo que pasó en Concepción del Tucumán. El intendente saliente le encajó 400 trabajadores al entrante poco antes de irse. Que se arregle el que viene. El que vino, Roberto Sánchez (homónimo de Sandro), de Cambiemos, decidió no aceptar ese condicionamiento. Los echó. ¿Y qué pasó? Que los echados se juntaron frente a la municipalidad, prendieron fuego a gomas, y no lo dejaron salir. Tuvo que atrincherarse en medio de la violencia.
Me vino a la memoria un ejemplo pero al revés, para que veamos que es un problema del poder, no solo de los partidos políticos. En el 2011, el radical Eduardo Brizuela del Moral dejó de ser gobernador de Catamarca porque perdió las elecciones frente a la kirchnerista Lucía Corpacci. Brizuela se apresuró a designarle en planta permanente del Estado a unos 4000 empleados.
La gobernadora recibió entonces dos consejos antagónicos. Uno, echarlos de inmediato y arriesgarse a que pase lo que pasó en Tucumán: 4000 personas frente a la Casa de Gobierno a punto de incendiarla. Y el otro, aceptarlos y ver cómo se acomodaba el futuro. Optó por este segundo consejo, que le complicó todo el presupuesto y sus planes de gobierno. Pero al menos esquivó el estallido de la bomba que le habían dejado.
En Buenos Aires estamos viviendo otras técnicas de manotazos de ahogado para ejercer los últimos retazos del poder y, en lo posible, complicarle la vida al que viene. Un intendente, Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), se aumenta el salario en 150%, lo que deberá ser pagado por el próximo. Otro, Pablo Bruera (La Plata) dejó de pagar la recolección de basura apenas perdió, y ahora los desechos se acumulan en las calles. Problema para el próximo. Y en Merlo hay una toma de tierras que se parce al arque Indoamericano, que fue un problema grave para Macri en su momento. Son 3000 familias. Allí está ahora la Infantería, a la espera de una orden para desalojarlas, cosa que será complicada y no exenta de violencia.
A nivel de la Nación pasa algo parecido pero más “prolijo”. El gobierno de CFK ha designado contra viento y marea a dos nuevos auditores, que deberán controlarse a sí mismos desde la AGN, en medio de un pequeño escándalo. También ha creado organismos para la juventud donde, se supone, tendrán conchabo los pibes de La Cámpora. Y una oficina de Presupuesto, nuevos empleos para futuros desempleados del Estado. Y sembrará de jueces, fiscales y embajadores en la próxima sesión del Senado.
Todo sea por complicarle los caminos al que venga, ya sea Macri o Scioli.
Esta transición del poder en Argentina se viene agitada.
Los que vienen tendrán que optar, como Corpacci, entre hacerse cargo y dejar todo como se lo dejan, o denunciar todo y patear el hormiguero.
Cualquier opción es riesgosa para la gobernabilidad futura.
¿Esto es un país normal?
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